Comunidades indígenas ubicadas en Bogotá volverán a sus tierras, si se les ofrecen garantías

Campamento indígena Parque Nacional de Bogotá (Colprensa -Álvaro Tavera)
Campamento indígena Parque Nacional de Bogotá (Colprensa -Álvaro Tavera)

El pasado sábado 29 de enero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, acordaron la metodología y cronograma de trabajo respectivo para la reubicación de las comunidades indígenas emberá chamí y emberá katió que, para el momento, se encuentran Bogotá, luego de verse obligados a salir de sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales. Jairo Montañez, defensor de derechos humanos, en respuesta, expuso el panorama que viven actualmente esas cerca de 1.800 personas.

“El Gobierno nacional y distrital recibieron de las autoridades indígenas emberá chamí y embera katió, reconocidas por el Ministerio del Interior, la solicitud expresa de que garanticemos el retorno seguro de los miembros de su comunidad que fueron desplazados forzosamente. Cumpliremos esa solicitud”, señaló la alcaldesa durante el pasado fin de semana, sin embargo, Montañez, en una entrevista con Caracol Radio, aseguró que esto ya se había prometido y no se había incumplido.

Las peticiones que hemos hecho es hacer un asentamiento con todas las condiciones dignas de habitabilidad y seguridad, el cumplimento a una sentencia de atención y la participación. El distrito ha hecho una campaña de discriminación a las comunidades indígenas (…) Solo han hecho unas brigadas de salud, con atenciones muy básicas. En temas de alimentación no se ha recibido. En el parque la Florida no hay agua, ni gas, hay ratones, zancudos y son situaciones que se tienen que vivir a diario”, comentó en su diálogo con esa emisora.

De acuerdo con lo que declaró, las garantías van más allá de entregar ese tipo de beneficios. Para él, es necesario que se entienda que hay problemas con raíces más profundas, por ejemplo, la inseguridad y los hostigamientos realizados por parte de los grupos armados a estas comunidades. El defensor de derechos humanos aseguró que algunas personas ya habían regresado a sus tierras pero, ante la falta de garantías en estos espacios, tuvieron que devolverse para la capital del país. “20 láminas de Zinc, unas semillas, una pala y una pica no garantiza nada (…) grupos armados siguen reclutando, asesinando y desplazando a las comunidades”, añadió.

Fue durante la semana que el Ministro de Defensa, Diego Molano, en su cuenta de Twitter, aseguró que está en manos de la alcaldesa resolver esta situación, y no en las suyas o las de la cartera que conduce él. Redactó que, de hecho, los 1.100 indígenas Embera que estaban en Bogotá el año pasado, y quisieron retornar, lo habían hecho ya. “El ministerio de Defensa cumplió y garantizó seguridad. Los que quedan en la capital deben ser reubicados, esa es su responsabilidad. Siempre dispuestos a ayudar”, escribió.

Lo dicho por parte de Molano responde a lo expuesto por parte de la alcaldesa, pues, según ella, el desplazamiento en Colombia viene en aumento. “Ministerio de Defensa y Unidad de Víctimas, es necesario que concreten el retorno seguro de la población Embera antes de febrero”, trinó y ordenó.

Por lo pronto, estos son los tres puntos que se acordaron en esta reunión entre la Administración Distrital y el Gobierno nacional para garantizar los derechos de las comunidades en su retorno:

1. Volver a sesionar el PMU el próximo lunes a las 8 de la mañana, por convocatoria de la Alcaldía Mayor, para finiquitar detalles sobre los formatos y el procedimiento de caracterización de estas comunidades, que será acompañado por entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá.

2. Llevar a cabo la caracterización de las personas que permanecen en el parque Nacional y en la UPI La Florida, la cual se realizará durante la próxima semana, y participarán todas las entidades competentes.

3. Convocar a una nueva reunión el próximo lunes 7 de febrero en el Ministerio del Interior para coordinar con las autoridades emberá chamí y emberá katío, las garantías de protección de sus derechos a los integrantes de las comunidades que retornarán a sus territorios.

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