Hungría considera un «chantaje» vincular los pagos de la UE con el Estado de Derecho

Budapest, 2 dic (EFE).- El Gobierno húngaro volvió a rechazar hoy la condicionalidad del respeto del Estado de Derecho para obtener fondos europeos, que calificó de «chantaje», después del aval que recibió ese mecanismo por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.
«El Gobierno húngaro insiste en su postura y confía en que el Tribunal basará su sentencia en argumentos legales y en el sentido común», aseguró hoy en la red social Facebook la ministra húngara de justicia, Judit Varga.
La ministra reaccionó así a la decisión de uno de los abogados generales del Tribunal, el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, que desestimó los recursos contra ese mecanismo de condicionalidad que, en la práctica, puede suponer una suspensión del desembolso de los fondos comunitarios.
El letrado desestimó los recursos de Polonia y Hungría al argumentar que «ese régimen fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica».
Aunque se trata de la opinión del abogado general la sentencia final de la TJUE suele coincidir con ella en un 80% de los casos.
«Es solo una opinión», sostuvo Varga, sobre la argumentación jurídica del abogado general, y criticó que, a su juicio, vulnera «los principios de seguridad judicial y de la claridad de las normas».
Varga agregó que el Gobierno húngaro espera que el TJUE no aplique el «erróneo argumento» del abogado y que anulará el mecanismo o llamará al legislativo comunitario a que lo modifique.
«Decimos no al chantaje del Estado de Derecho», agregó.
La oposición húngara, por su parte, respaldó la decisión y la eurodiputada izquierdista de la Coalición Democrática, Klára Dobrev, aseguró que se trata de «un nuevo paso histórico en defensa del Estado de Derecho en Hungría».
«Una enorme bofetada para los gobiernos húngaro y polaco», comentó la también eurodiputada húngara liberal Katalin Cseh.
El nuevo mecanismo de condicionalidad priva a un país de los fondos europeos por violaciones del estado de derecho, como la insuficiente independencia del poder judicial, que puedan afectar a la gestión de fondos presupuestarios.
Polonia y Hungría, dos de los países que más fondos comunitarios reciben, se encuentran entre los países potencialmente afectados por este mecanismo debido a las disputas con la UE sobre el Estado de Derechos.
La Comisión Europea ha decidido esperar la sentencia final del TJUE para activar el mecanismo, que según el consenso logrado no afecta todas las vulneraciones del Estado de Derecho, solo las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión.
Tanto Hungría como Polonia tienen abiertos procedimiento de infracción de la Comisión Europea por la vulneración de los valores fundamentales de la UE.