Independentismo catalán mide su poder de movilización antes de negociar con el gobierno
El independentismo catalán pondrá a prueba el sábado su capacidad de movilización en la tradicional manifestación separatista por la fiesta regional de Cataluña, a la que acude con fuertes divisiones internas y a pocos días de reanudar la negociación con el gobierno español.
Esta marcha por la Diada del 11 de septiembre, convertida desde 2012 en escenario de masivas protestas independentistas, será la primera tras los indultos en junio a los nueve políticos encarcelados por su participación en el fallido intento de secesión de 2017.
Llega también unos días después de que, el miércoles, se abriera un nuevo frente entre el gobierno central y el catalán, después de que el primero decidiera suspender la ampliación del aeropuerto de Barcelona, alegando falta de confianza en el ejecutivo catalán.
Ambos ejecutivos habían alcanzado en agosto un acuerdo para invertir 1.700 millones de euros en ella.
El presidente catalán Pere Aragonès, que había pasado a criticar el proyecto en los últimos días, tildó la decisión de «chantaje».
Una de las reivindicaciones constantes del independentismo catalán es la falta de inversión en infraestructuras en la región.
– Moral baja –
Bajo el lema «Luchemos y ganemos la independencia», la influyente Asamblea Nacional Catalana (ANC) pretende ocupar de nuevo las calles de Barcelona con una manifestación que en 2014, en plena escalada separatista, llegó a congregar a 1,8 millones de personas, según la policía municipal.
Pero muchas cosas han cambiado en los últimos años. El clímax del frenético otoño de 2017 -cuando el gobierno catalán llegó a declarar una efímera independencia que acabó con su autonomía intervenida y sus líderes presos o huidos-, dejó paso a una etapa de decepción entre los separatistas, enfrentados sobre qué estrategia adoptar ahora.
«Después de 2017 la moral había bajado», señala Berta Barbet, investigadora política de la Universitat Autònoma de Barcelona, para quien la permanencia en prisión de los dirigentes independentistas condenados daba al movimiento un motor para seguir luchando. «Ahora, sin esta causa, la falta de elemento motivador es clara», agrega.
Tampoco ayuda a reactivar el fervor el delicado equilibrio del nuevo ejecutivo autonómico, donde son frecuentes las fricciones entre la gobernante Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partidaria de acordar un referéndum de autodeterminación con el Estado español, y las alas más radicales del secesionismo, que no renuncian totalmente a la vía unilateral.
Esta Diada se espera, por tanto, en la línea descendente que llevó a la calle a 600.000 personas en 2019, la menor cantidad de los últimos años. En 2020, las restricciones sanitarias obligaron a celebrar una versión reducida y separada en varios actos, que no alcanzaron los 60.000 asistentes.
– ¿Acuerdo imposible? –
Pese a todo, el independentismo sigue muy arraigado en esta rica región del noreste español, con 7,8 millones de habitantes y un potente sentimiento de agravio financiero.
«Hasta en un mal momento político, el movimiento es socialmente fuerte», recuerda Barbet.
Prueba de ello es que en las elecciones autonómicas de febrero, el nacionalismo aglutinó algo más del 50% de los votos. Tras unas tensas negociaciones, el independentista moderado Pere Aragonès, de ERC, fue investido presidente en mayo.
Socio clave en el Congreso español para mantener la coalición minoritaria de Pedro Sánchez en Madrid, la llegada de ERC a la Generalitat tuvo efectos inmediatos: en apenas unas semanas, el gobierno central indultó a los presos independentistas y ambos presidentes consensuaron retomar la mesa de negociación tras el verano.
Pero a pocos días de reunirse la semana próxima, todavía no se conoce ni la fecha exacta del encuentro, ni si Sánchez asistirá.
Lo que sí se sabe es que ambas partes llegan con hojas de ruta completamente opuestas.
El gobierno español no contempla aceptar las dos demandas clave del independentismo: la celebración de un referéndum de autodeterminación, que requeriría modificar la Constitución, ni una amnistía para los encausados por participar en el desafío secesionista de 2017.
«El margen de acuerdo es estrecho o nulo», considera el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluis Orriols. «El gobierno central puede ceder competencias, puede buscar hacer algún referéndum sobre un encaje distinto, pero dentro de unos márgenes que no violenten la Constitución», subraya.
Los más optimistas esperan que la mesa sirva para relajar tensiones en un momento clave de recuperación económica, y reparto de fondos europeos, pero decisiones como la de la mesa del Parlamento regional de otorgar una medalla a las «víctimas de la represión» por participar en el referéndum ilegal del 1 octubre de 2017, recuerdan que las fricciones siguen muy vivas.
En un revés a su causa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no admitió a trámite las denuncias de dos personas que afirmaban haber sufrido cargas policiales el día del referéndum.
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