La ONU anuncia investigación internacional sobre abusos durante el conflicto en Etiopía
La ONU dio luz verde este viernes para crear un mecanismo internacional para investigar abusos cometidos durante el conflicto en Etiopía, una decisión que el gobierno de Adís Abeba considera que va a «agravar la situación en el terreno».
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución este viernes, tras una propuesta de la Unión Europea, debido a la «grave situación de los derechos humanos en Etiopía».
Para el embajador de Etiopía ante la ONU en Ginebra, Zenebe Kebede, el multilateralismo «una vez más ha sido tomado como rehén de una mentalidad neocolonialista».
«Las acusaciones contra mi país son infundadas», dijo, asegurando que la decisión adoptada «agravaría la situación en el terreno».
«Etiopía está en el punto de mira y es señalada en el Consejo de Derechos Humanos por defender un gobierno elegido democráticamente, la paz y el futuro de su pueblo», agregó.
Los países africanos, representados por el embajador de Camerún, Salomon Eheth, expresaron su apoyo a Etiopía explicando que este tipo de mecanismo es «contraproductivo y va a «exacerbar las tensiones».
– Una amenaza para la región –
La resolución insta a crear una «comisión internacional de expertos en derechos humanos».
Los tres responsables que serán nombrados próximamente van a tener la difícil tarea de investigar y reunir pruebas sobre los abusos cometidos en el contexto del conflicto y en la medida de lo posible identificar a los responsables.
Una investigación conjunta realizada por la Comisión Etíope de Derechos Humanos, creada por el gobierno, y la ONU concluyó a principios de noviembre que hay sospechas de que ambos bandos habrían cometido crímenes contra la humanidad.
La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif, señaló que la ONU sigue recibiendo «informes creíbles de violaciones graves y abusos a los derechos humanos cometidos por todas las partes».
– Rendir cuenta de sus actos –
La embajadora de la UE, Lotte Knudsen, indicó tras la votación que «es primordial que los responsables rindan cuenta de sus actos de forma independiente, trasparente e imparcial».
Al Nashif advirtió que Etiopía corre el riesgo de hundirse en la «violencia generalizada y que esto «podría tener grandes consecuencias no solo para millones de personas en Etiopía, sino también en toda la región».
El conflicto en el norte de Etiopía comenzó en noviembre de 2020 después de que el primer ministro, Abiy Ahmed, envió al ejército para desalojar a los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo del Tigré (TPLF), a quienes acusa de atacar bases militares.
En junio, los rebeldes recapturaron la mayor parte del Tigré y avanzaron hacia las regiones vecinas de Afar y Amhara.
El 25 de noviembre, el primer ministro anunció que lideraba una contraofensiva y que retomaron varias localidades.
El conflicto ha dejado varios miles de muertos, más de dos millones de desplazados, y provocó que cientos de miles de etíopes se encuentren en riesgo de hambruna, según la ONU.
La ONU lamentó que miles de personas estén detenidas en el marco del estado de emergencia, que fue decretado el 2 de noviembre por el gobierno y pide que observadores independientes sean autorizados para acceder a los lugares de detención.
Según Al Nashif, entre 5.000 y 7.000 personas están detenidas actualmente, la mayoría de etnia tigrania, incluidos nueve empleados de la ONU.
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