Oposición anuncia demandas contra la Ley de Seguridad Ciudadana expedida por el presidente Duque

Miembros de la oposición que aspiran al Congreso de la República y otros que debatieron el proyecto durante su trámite, anunciaron demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana que firmó el presidente Iván Duque este 25 de enero.

La norma fue celebrada por el presidente, el ministro de Defensa y el gobierno en pleno, así como su bancada, por lo que señalan como avances en el combate contra los delitos comunes a través del aumento de penas y la imposición de medidas de aseguramiento más generales.

Sin embargo, para los miembros de la oposición, son varios los puntos que preocupan a ese sector político, principalmente por lo que ha sido llamado como “legítima defensa privilegiada”, las posibles afectaciones a la protesta social, así como el hacinamiento carcelario.

Uno de los que anunció demandas fue el senador Roy Barreras. “Ayer Duque sancionó la “Ley de Seguridad” que es peor que el “Estatuto de Seguridad” de Turbay. Penaliza la protesta social. Justifica el asesinato de los jóvenes. Legitima “justicia por mano propia”. Legaliza paramilitarismo urbano. Hoy mismo la demandaré ante la Corte Constitucional”, sostuvo.

En el mismo sentido se pronunció el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, un sector que anunció varias demandas en contra de la nueva ley. “Hoy sancionó el presidente Duque una de las más arbitrarias normas de su nefasto gobierno: la llamada “ley de seguridad” que estimula justicia por mano propia, acciones de civiles armados, y persecución de la protesta social. Claro está, la demandaremos por inconstitucional”, escribió en su cuenta de Twitter.

El abogado defensor de derechos humanos Alirio Uribe, quien aspira a la Cámara de Representantes e fórmula con Cepeda, explicó cuáles son los principales puntos que consideran contrarios a la Constitución de la nueva ley de autoría del Gobierno.

“La ley de seguridad ciudadana que acaba de sancionar el presidente Iván Duque es una ley totalmente regresiva frente a las políticas criminales en Colombia y manifiestamente inconstitucional. Por ello vamos a acudir ante la Corte Constitucional para que se revisen esa cantidad de artículos que desde nuestro punto de vista puede constituir una grave y flagrante violación a situaciones de derechos humanos”, señaló el abogado.

El más relevante es el numeral 6.1 del artículo 3 en el que se establece la “Legítima defensa privilegiada. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”.

Según el ministro de Defensa Diego Molano y el presidente Duque justificaron ese apartado bajo la premisa que “la propiedad privada es pilar de la democracia” y cuando es atacada se pone en riesgo a la persona, sus derechos y el riesgo de ejercer sobre los bienes la plena propiedad. Sin embargo, el presidente aseguró “nadie puede tomar la justicia por sus manos”.

Para la oposición, la legítima defensa de la ley de seguridad es en cambio una legitimación a la violencia ciudadana. “Una de las más graves es mandar el mensaje que todos los ciudadanos pueden hacer justicia por su propia mano a través de la figura de la legítima defensa privilegiada. Es decir, es como si cada ciudadano cuando se le comete un delito pudiera matar al delincuente. Es una norma contra natura que obviamente puede causar muchísimos abusos”, sostuvo el abogado Uribe Muñoz.

Desde varios sectores también se ha cuestionado que la nueva ley de seguridad aumenta la imposición de medidas de aseguramiento en cárceles, como por ejemplo una detención preventiva para quienes porten armas blancas. La preocupación son las miles de sanciones por ese tipo de delitos, que terminarán por aumentar el hacinamiento y, argumentan, no hay capacidad penitenciaria para cumplir con esas órdenes.

“Tampoco se respetan las diferencias culturales de pueblos indígenas y otras comunidades al eliminar la inimputabilidad por razones culturales. Se afecta la protesta cuando se crean nuevos delitos con altas penas, por ejemplo, por obstruir la función pública, cuando se amenace con armas de fuego hechizas o armas artesanales o armas blancas o cuando se hagan acciones que impliquen ocupaciones transitoria de predios o invasión de tierras a través de figuras como avasallamiento”, cuestionó el abogado Uribe Muñoz.

Desde la oposición consideran que la ley es “inaceptable, regresiva e inconstitucional” por lo que la demandarán junto a varios artículos para que la Corte Constitucional dedica si modifica, deroga o mantiene lo que los demandantes consideran un error del Congreso de la República y el Gobierno nacional en la expedición de esa norma.

SEGUIR LEYENDO: