Pedro Castillo da por concluida designación de Soria como procurador general del Estado
Daniel Soria Luján, procurador general del Estado, ha sido removido de su cargo a través de una resolución suprema firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia Aníbal Torres. La medida se da luego de conocerse un informe de la Contraloría que señala que Soria fue designado sin cumplir los requisitos estipulados para el cargo que en la actualidad ostenta.
La resolución 024-2022-JUS da cuenta de la resolución ministerial que designó a Daniel Soria Luján como procurador general del Estado en enero del 2020 cuando todavía regía el mandato del presidente Martín Vizcarra. Además, se menciona que la Ley Nº 29158 establece que el presidente de la república puede remover “por causal de pérdida de confianza a jefes de organismos públicos”. En ese sentido, se resolvió “dar por concluida la designación del señor abogado Soria Luján como procurador general del Estado. El documento lleva las firmas del presidente Castillo y el ministro de Justicia.
Al conocerse el deseo de remover a Soria semanas atrás, este descartó que vaya a renunciar a su puesto. “No voy a renunciar porque considero que he cumplido con los requisitos y que mi designación ha sido ajustada a derecho”, dijo a El Comercio. Además, aseguró que mantendría su defensa ante el despacho ministerial o la instancia correspondiente. “Este informe está dirigido al ministro de Justicia y es él quien tomará una decisión al respecto. Yo siempre estaré llano a dar razones de haber cumplido los requisitos”, sostuvo.
INFORME DE CONTRALORÍA
La Contraloría emitió un informe elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) que buscaba evaluar el proceso de designación del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján. Durante la investigación y la revisión de todos los documentos, se determinó que Daniel Soria incluyó como experiencia profesional para sustentar su nombramiento el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente.
“La Constitución Política del Estado establece que: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. (…), por lo que, de la revisión de los documentos que sustentan su currículum vitae, respecto de la experiencia laboral del señor Daniel Soria Luján, se han determinado que no ha ejercido labores en el sistema de defensa judicial del estado. En consecuencia, carecía de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, requisito necesario para ocupar el cargo de Procurador General del Estado”, se lee en el documento.
Como conclusión del informe se señala que se encontraron indicios de irregularidad en el proceso de designación del actual procurador general del Estado y se recomienda que las autoridades correspondientes tomen acciones al respecto. Además, se brinda diez días hábiles para que el titular de la entidad comunique el plan de acción a seguir tras conocerse las conclusiones del informe mencionado.
Tal como se recuerda, Soria Luján envió un pedido a Palacio de Gobierno para que brinde una lista de aquellas figuras que habrían visitado la casa ubicada en Breña donde el presidente Pedro Castillo habría sostenido reuniones que no figuraban en su agenda. Poco después, Soria señaló que la casa de gobierno no había cumplido con el pedido señalado y reiteró la misma solicitud.
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