Una ley contra las pequeñas monarquías
Una de las consecuencias inmediatas de los resultados de las elecciones generales del pasado 14 de noviembre es la avanzada de los intendentes justicialistas de la Provincia de Buenos Aires, intentando modificar la ley que limita sus mandatos a dos períodos. Esos intendentes saben que tienen la posibilidad cierta -luego del resultado electoral- de modificar la ley que limita sus mandatos, así exploran una reforma legislativa o recurrirán a la vía judicial para extenderlos y de esta forma saltar la prohibición legal.
Gabriel Katopodis, actual ministro de Obras Públicas e Intendente en uso de licencia del partido de San Martín, abrió el fuego cuando dijo que “que este tema es para debatir”, circunscribió el mismo a definir “qué tipo de democracia queremos y si la reelección, que supone un elemento clave para la vitalidad democrática que es la elección libre, tiene que estar restringida o no” y agregó que “la democracia no solo supone la alternancia”.
En ese contexto es importante hacer un poco de historia. En agosto de 2016, a iniciativa del Frente Renovador, con el apoyo de la bancada de Cambiemos y del Bloque Peronista y con la oposición del Frente Para la Victoria, se aprobó la Ley 14.836, que establece: “El Intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.
En mi opinión y en términos de calidad democrática, esa ley es una de las políticas públicas más importantes conseguida desde 1983 hasta la fecha. Es que en su espíritu se reflejaba la voluntad y la necesidad de terminar con los clientelismos políticos, promoviendo la renovación dirigencial y oxigenando así el sistema político, impidiendo la eternización en el poder.
Lamentablemente, algunos dirigentes políticos conciben e intentan transformar los gobiernos locales en pequeñas “monarquías”, donde no solo se reeligen indefinidamente, sino que se convierte en un “bien de familia”, heredando las jefaturas comunales sus esposas, hijos o familiares directos, haciendo del intendente un pequeño César. En ese sentido, es bueno recordar a la Comisión Europea para la Democracia cuando expresa que “los límites a la reelección representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo”, fundamentando de esa manera los mandatos limitados porque aporta al pluralismo de ideas, elimina la hegemonía y la perpetuación en el poder.
Recientemente la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 28/21 dijo: “En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad”. Para continuar sobre el tema de la reelección expresó: “La prohibición de mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder. (…) La perpetuación de una persona en el ejercicio de un cargo público conlleva al riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos, y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. Esto puede suceder incluso existiendo elecciones periódicas y límites temporales para los mandatos”.
El debate en torno a la posibilidad de la reelección indefinida expresa también el profundo divorcio entre los dirigentes políticos y los problemas reales que sufren diariamente los habitantes de la provincia. La inseguridad, la falta de trabajo y la ausencia de infraestructura elemental (agua potable, cloacas, electricidad, asfalto) es la agenda y demanda prioritaria de los vecinos bonaerenses. Discutir la intención de perpetuarse en el poder para fundar una autocracia o una monarquía marginal no solo no resuelve los problemas de la gente –tal como ha quedado demostrado en todas estas décadas– sino que condenan a vivir a millones de ciudadanos sometidos al atraso, al caudillismo, a la pérdida de derechos y al uso arbitrario del aparato estatal.
Respetar lo enunciado en la Ley 14.836 significa ponerle freno a los caprichos de aquellos que quieren perpetuarse en el poder, porque la alternancia en el poder es sinónimo de garantía de nuestra forma republicana y democrática de gobierno. Y es allí, desde los municipios, la primer frontera de representación territorial, donde debemos empezar a construir una mayor institucionalidad y la búsqueda de la plena vigencia del estado de derecho.
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