Drama humanitario: 492 personas privadas de la libertad están en condiciones degradantes en estaciones de Policía y URI de Barranquilla
A través de una tutela se pidió a las autoridades nacionales y al INPEC control sobre los malos tratos que están recibiendo las personas que han sido privadas de la libertad y que se encuentran en este momento en las URI o estaciones de Policía de Barranquilla, la petición se hizo para que se garantizaran los derechos fundamentales de dignidad humana, salud, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia de 492 personas que se encuentran recluidas en las salas de retenidos o centros de detención transitorios de la ciudad.
A raíz de las múltiples quejas recibidas, se realizó una inspección por parte de la Procuraduría en las estaciones de Policía y URI, donde constató la grave situación de hacinamiento y vulneración de derechos, puesto que no cuentan con instalaciones para su oportuna atención médica, aseo personal, ni visitas conyugales, familiares o de su defensa.
la mayoría de las Personas Privadas de la Libertad llevan recluidas más de 36 horas en las URI, con lo que se ha transgredido lo previsto en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993, que señala que “La detención en URI o unidad similar no podrá superar las 36 horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes”.
Según el ente de control el número de custodios de la Policía Nacional encargados de vigilar estos centros resulta insuficiente, por lo que se ha elevado el riesgo de fuga y ataques contra la integridad física de los servidores, a quienes también les ha correspondido facilitar sus equipos personales como computadores, celulares, altavoces y accesorios, para el desarrollo de las audiencias virtuales.
El Ministerio Público cuestionó el trato discriminatorio que reciben las Personas Privadas de la Libertad de las salas de retenidos de las estaciones de Policía, no solo por la orientación sexual de algunos de ellos, sino porque a la fecha no están vacunados contra el covid-19 y el número de visitas y la alimentación no es la misma, en comparación con los retenidos de los establecimientos del orden nacional o distrital de la jurisdicción.
La acción de tutela, que fue impuesta por la Procuraduría, solicitó que se le ordene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), las cárceles de Mediana Seguridad y el Buen Pastor de Barranquilla, así como el Establecimiento de Reclusión Especial y el Centro de Rehabilitación Masculino de la ciudad, la Gobernación del Atlántico y alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las condiciones inhumanas y degradantes que padecen.
Con la medida, la Procuraduría busca que se adelanten gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras, a fin de dar soluciones a las problemáticas identificadas, conforme al Código Penitenciario y Carcelario.
Hacinamiento en cárceles del país:
Actualmente se registra una sobreocupación de 13.771 hombres y mujeres privados de la libertad en los centros de reclusión, es decir, un 16,7 %, convirtiéndose en una cifra histórica de reducción de ocupación de los establecimientos carcelarios. El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, junto al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mayor general Mariano Botero Coy, anunció la reducción en el hacinamiento en las 132 cárceles del territorio nacional.
“Actualmente tenemos una población de 96.097 personas privadas de la libertad en los 132 establecimientos de reclusión del país, contando con una sobrepoblación de 13.771”, al tiempo que destacó que “este es un logro muy importante si se tiene en cuenta que hace 18 meses teníamos registros de hacinamiento por el orden del 54.5 %, lo que generaba un fuerte impacto en las condiciones de reclusión”, manifestó Ruiz.
Esta reducción, se logró con la aplicación de varias medidas adoptadas de manera conjunta con el Inpec y de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, entre ellas la del decreto 546 que reglamentó la prisión y detención domiciliaria para las personas privadas de la libertad para disminuir el riesgo de contagio de covid-19 en los centros de reclusión. Además, de la construcción de nuevos cupos para la cárceles.
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