Manifestantes de Birmania desafían a la junta con una huelga y aplausos un año después del golpe
Las calles de las grandes ciudades de Birmania quedaron vacías el martes y, desde sus casas, sus habitantes aplaudieron para desafiar a la junta, en el primer aniversario del golpe de Estado militar que sumió al país en la violencia.
Rangún, la capital económica, estaba desierta y muchas tiendas permanecieron cerradas. El llamado a esta huelga silenciosa, lanzado por los opositores al régimen, fue muy seguida en toda Birmania, del estado Shan (este) al estado Kachin (norte), pasando por Mandalay (centro).
«El silencio es el grito más fuerte que podemos lanzar contra los soldados y su sangrienta represión», indicó una opositora en Twitter.
En las redes sociales se podían ver imágenes de birmanos en su casa haciendo un saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.
Por la tarde, se oyeron fuertes aplausos en varios barrios de Rangún y Mandalay para marcar el final de esta protesta silenciosa, constataron periodistas de la AFP.
Las autoridades advirtieron que estas acciones podrían ser calificadas de alta tradición, un delito que puede acarrear muchos años de detención.
En paralelo, videos sin fecha difundidos por las autoridades, muestran manifestaciones promilitares en regiones no especificadas del país. Partidarios del régimen enarbolaron la bandera nacional y denunciaron a las «Fuerzas de Defensa del Pueblo», milicias ciudadanas que efectúan operaciones de guerrilla contra las fuerzas de seguridad.
En unos comentarios publicados el martes, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, insistió en que el golpe obedeció a un fraude en las elecciones de 2020 ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi y consideradas limpias por la comunidad internacional.
También repitió su compromiso de celebrar elecciones «libres y justas» en agosto de 2023 si se ha restablecido la estabilidad.
– «Crímenes contra la humanidad» –
El golpe de Estado que derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi estuvo seguido por protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas duramente por los militares en una represión que ha dejado más de 1.500 civiles muertos y 9.000 todavía detenidos, según una oenegé local.
Frente a esta espiral de violencia, la presión crece contra la junta, investigada por la ONU por crímenes contra la humanidad.
«La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania tendrán que rendir cuentas», advirtió Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania.
Según su jefe, los informes del último año «sugieren que más de 1.000 personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra».
Además, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones coordinadas contra altos cargos del país.
«Mientras el régimen prive al pueblo de Birmania de su voz democrática, haremos que los militares y sus partidarios paguen por ello», advirtió el presidente estadounidense Joe Biden.
Londres «siempre defenderá el derecho a la libertad (…) Haremos que este régimen brutal y opresivo rinda cuentas», prometió por su parte la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss.
– Embargo de armas –
Desde el alzamiento militar que puso fin a una década de democracia, Aung San Suu Kyi, de 76 años, está en arresto domiciliario en un lugar secreto.
La lideresa civil, laureada con el premio Nobel de la Paz, ya ha sido condenada a seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.
Suu Kyi todavía debe enfrentar otros cargos por supuesta presión a la comisión electoral en los comicios de 2020, indicó una fuente conocedora del caso. El juicio debe alargarse durante seis meses.
La enviada de la ONU para Birmania, Noeleen Heyzer, pidió el lunes una «reunión humanitaria» con «la mayoría de las partes interesadas» en el conflicto en Birmania.
En una declaración común, los ministros de Exteriores de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron a la comunidad internacional a terminar con «el flujo de armas» hacia Birmania.
Sin embargo, muchos expertos consideran que estas declaraciones son demasiado superficiales y piden al Consejo de Seguridad de la ONU que decrete un embargo mundial contra la venta de armas al país asiático.
«No es la hora de la retórica, sino de una acción significativa», dijo Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Birmania.
Entretanto, la ONU hizo este martes un llamado de financiación récord, de 826 millones de dólares, para responder a las necesidades de 6,2 millones de personas en Birmania este año.
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