Fuerte llamado de la CIDH al Gobierno de Colombia por el incremento de la violencia

Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la persistencia estructural de la violencia en Colombia expresada en la cantidad de asesinatos registrados, el incremento de las confrontaciones entre grupos armados, masacres, hechos de violencia en contra de personas defensoras, líderes y lideresas, y excombatientes.

En medio de su pronunciamiento, hizo un llamado al Estado a reforzar todas medidas y acciones para enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país.

La CIDH señaló que hay un aumento en el número de asesinatos en el país, que, según las estadísticas del Ministerio de Defensa, totalizaron 11.509 casos hasta el 4 de noviembre, lo cual representa un incremento del 15,5 % en relación con los 9.962 hechos registrados en el mismo período de 2020.

En particular, la comisión destacó con especial preocupación el aumento de aproximadamente un 20 % de los feminicidios. Según información de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 1.074 denuncias, correspondientes a 555 hechos consumados y 519 intentos. Además, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron el incremento de transfeminicidios.

“La CIDH pudo verificar que existe una concentración de hechos de violencia en contra de personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquía y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas”, detalló la comisión.

Así mismo, dice que recibió información sobre muertes ocasionadas por las minas antipersona en el resguardo del pueblo embera en La Divisa, Alto Baudó, Chocó. El sembrado de minas antipersonales en este municipio habría sido denunciado por la Defensoría a través de las alertas 041/19, la 016-21 y 020-21, las dos últimas emitidas recientemente respecto de áreas contiguas, y en un comunicado de prensa sobre la crisis humanitaria en el departamento.

“La CIDH expresa preocupación frente a la magnitud de la violencia en Colombia y su elevado impacto en el número de personas que perdieron la vida de manera violenta, e insta al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales”

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió 180 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, de las cuales ha verificado 67 y 83 están pendientes mientras 30 se encuentran en estudio. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró, hasta el 9 de noviembre, el asesinato de 152 lideresas sociales.

“La Comisión recuerda que es una obligación del Estado garantizar la participación de la sociedad civil en todas las etapas de la construcción de las políticas públicas de protección en la medida que permite incorporar las experiencias y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se busca salvaguardar”, señaló la CIDH.

También precisó sobre la información de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia sobre que entre enero y septiembre fueron asesinados 44 excombatientes de las Farc.

La Comisión aseguró que observa la acumulación de las violaciones a los derechos humanos en grupos sociales que han padecido históricamente vulneraciones a sus derechos y llamó al Estado a redoblar los esfuerzos en la implementación de políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de estas afectaciones.

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